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A pesar de los reclamos del fiscal Martínez Burgos, los padres de Marcela y sus abogados, la causa se desarrolló en forma exageradamente lenta.
Primero el juez Schlegel demora 10 meses en dictar los procesamientos y otros 9 para llamar a indagatoria.
Luego del llamado a juicio en 1999 se suceden una serie interminable de apelaciones, recusaciones, impugnaciones y pedidos de prescripción por parte de los múltiples procesados involucrados en la causa - son en total más de ochenta planteos- todos ellos rechazados por absurdos e inocuos, que buscaron demorar el juicio para lograr la prescripción. El legítimo derecho a la defensa fue tergiversado para que el paso del tiempo resultara en impunidad.

El 6 febrero de 2005 se promulga la ley 25990, que modifica las condiciones de prescripción en las causas penales. En base a esta flamante ley, a un mes de su promulgación, la jueza Susana Noceti de Angeleri declara la prescripción de la causa.
En este fallo dice la juez que "existe un delicado equilibrio entre los derechos de la víctima y de los imputados" pero lo concreto es que inclinó la balanza a favor de los acusados, pisoteando el derecho de los papás de Marcela a conocer la verdad y a la sanción de los responsables de la muerte de su hija.
En este fallo, además, se encuentra ausente el requisito fundamental de la causal de prescripción, el paso del tiempo por motivo de la falta de interés en la realización del juicio.

La sentencia fue apelada ante la Cámara de Casación Penal, que confirmó, aunque no por unanimidad, el fallo de prescripción.
Las camaristas Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Ana María Berraz de Vidal ratificaron la medida dispuesta por la jueza de primera instancia Noceti de Angeleri, mientras que el juez Gustavo Hornos sostuvo en ese momento que la acción penal "no se encuentra prescripta" y que los imputados deben ser juzgados.
Los efectos que resultan de este fallo son un colmo: los cinco acusados son sobreseídos y los padres de Marcela deben pagar las costas de un juicio que nunca se realizó. Es decir, los papás de la víctima le deberán pagar a la justicia por negarles su derecho a llegar a juicio, y a los abogados de los acusados por haber trabajado durante años en la búsqueda de impunidad.

La causa se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de ellos depende que se corrija esta situación de negación de justicia y se llegue al tan anhelado juicio.

CONSECUENCIAS


Las personas que fueron en su momento acusadas no mostraron aprecio y cuidado por la vida humana y el valor que ella representa.
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La Justicia argentina no demostró tener la decisión de sancionar a los responsables mientras en nuestro país se siguen produciendo muertes absurdas de niños y jóvenes porque no se toman medidas para proteger la vida.

Si la Corte Suprema no reabre el caso, nuestro Estado estaría negándole a las victimas el derecho a la justicia, al conocimiento de la verdad y a la posible sanción de los responsables -todos estos, derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en nuestra Constitución Nacional-
A raiz de otro caso cerrados por prescripción en Argentina, el de Walter Bulacio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le indicaba a los jueces argentinos que la función de los órganos judiciales "no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que además debe asegurar en tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido" y que "el derecho a la tutela judicial exige a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad frustrando así la debida protección judicial de los Derechos Humanos."

08-11-2006 El procurador Esteban Righi presenta ante la corte suprema el dictamen para que se reabra la causa.

11-12-2007 La corte suprema cierra la causa y exime del pago de las costas. Fallo de la Corte Suprema

13-09-2008 Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en tramite)