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Buenos Aires, Octubre de 2008

Señores 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

S________/__________D.-

Nos dirigimos a Uds. A fin de hacerles saber que propiciamos y adherimos a la presentación que realizan Nora Ribaudo y Eduardo Iglesias padres de la niña Marcela Brenda Iglesias,  quien falleció el 5 de febrero de l996, en el espacio público que se denominaba Paseo de la Infanta , situado en el Parque Tres de Febrero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcela encontró la muerte aplastada por  una escultura de 300 kilos de peso, colocada en exposición - en forma indebida y violando las leyes locales -  por la propietaria de la Galería der Brücke, además la soldadura de la mole carecía de las seguridades correspondientes 

Nuestra convicción nace del hecho de que se está  frente a un caso evidente de negación de justicia.

La morosidad del Poder Judicial en la República Argentina ha dado como resultado el dictado de la sentencia de prescripción de la acción penal, con posterioridad al dictado de la ley 25.990, ello fue posible con la acción encadenada de articulación permanente de defensas inconducentes promovidas por la defensa de los cinco procesados entre los que se hallan la propietaria de la galería de arte, el escultor que hizo la obra y los funcionarios públicos que debían asegurar el cumplimiento de las normas vigentes, la dilación se produjo por la presentación de mas de  un centenar de apelaciones a lo que se sumó la inacción de los jueces de la Cámara de Casación quienes sabiendo que la pretensiones eran inconducentes  aplazaron indebidamente la causa llegando 12 años de tramitación.

Porque después de haber agotado todas las instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación , declaró que el asunto carecía de interés, haciendo aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cerró la causa, con un solo voto a favor de la prosecución de la causa emitido por el presidente del cuerpo  Dr. Lorenzetti.

 La utilización por parte del Alto Tribunal del arbitrario  artículo 280 del código citado, no obliga a fundar la decisión y sólo en la discrecionalidad y en la estimación de que las cuestiones planteadas son insustanciales y carentes de trascendencia.

Sin embargo este es un caso señero, actual, vigente y cada vez que ocurre un hecho, en el que se reproducen situaciones y actores de similares características, se produce el escándalo y la consternación publica por la reiteración en la que confluyen corrupción, desidia y la muerte y la falta de acceso a la justicia en términos de aseguramiento del derecho a obtener una sentencia válida y sólo se vislumbra impunidad para los procesados que nunca llegarán a juicio, produciendo un verdadero daño social irreparable en términos particulares para los afectado y la sociedad toda.

El fallo en disidencia del Dr. Lorenzetti así como el dictamen del Procurador General de la Nación Dr. Esteban  Righi, dan la razón acerca de la falta de compromiso con el debido derecho a un juicio, que no sólo protege la Convención Americana de Derechos Humanos sino la Constitución de la Nación Argentina y las leyes.

Basta mencionar a modo de certeza lo expresado en una parte de su dictamen por el Procurador de la Nación : "Esta demora que aparece incomprensible en vistas a la escasa complejidad probatoria del hecho, está impidiendo satisfacer el derecho de los familiares de la víctima a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables."

De la misma manera el Presidente de la Corte Suprema Dr. Ricardo Lorenzetti en su  dictamen a favor de la revisión del caso destacó su oposición a la aplicación retroactiva de la ley modificatoria de los tiempos de prescripción - Ley 25.990 - y aseguró que "los jueces deben disponer límites para ciertas defensas que sólo tienen la apariencia de tales, porque están animadas de un propósito dilatorio a fin de obtener la extinción del proceso por la prescripción"

Acompañamos el pedido de los damnificados Nora Ribaudo y Eduardo Iglesias para que la presentación que efectúan sea admitida, a fin de obtener una reparación que mitigue el sufrimiento producido por la muerte de su única hija de seis años, y agravado por la inacción del Poder Judicial que negó el debido derecho a un juicio y que por las características del suceso afecta a la sociedad argentina y solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expida a favor de los recurrentes.