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Síntesis de la Conferencia de Tabasco

Los días 18 y 19 de junio del 2009 en la ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, México se desarrollaron las “Primeras Jornadas de Transparencia” organizada por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y la Universidad Nacional de Tabasco.

Se congregaron numerosos juristas de México y de Latinoamérica. Entre los convocados se encontró el Dr. Daniel A. Stragá, patrocinante de Nora Ribaudo y Eduardo Iglesias, papás de Marcela Iglesias.

El Dr. Stragá disertó acerca de la “Transparencia a la luz de los Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Desarrollaremos una síntesis de su conferencia, donde nuestro abogado puso en énfasis la necesidad que los ciudadanos americanos no trepiden en recurrir ante la justicia interamericana para oponerse a la impunidad, muchas veces plasmada en fallos de las justicias nacionales, como en el caso de Marcelita.

El Dr. Stragá inició sus palabras haciendo alusión a la etiología de la palabra, sosteniendo que Transparencia, proviene Del latín TRANS, a través y PARENS, ENTRI – Que aparece

Stragá entiende por transparencia, aquella que permite aparecer, a través de sus fallos, que permite arrojar algo de justicia a tanta oscuridad de uno de los tres poderes, el judicial que, por lo menos en Argentina y en varios de Sudamérica, necesitan luminosidad a la hora de sus procedimientos y decisiones.

Esa transparencia como oposición a la forma más perversa del poder que es la Impunidad.

Transparencia es sinónimo de ser claro, prístino, que da confianza, límpida, sin dobleces. E “impunidad”, como carencia de justicia, que es quedar sin castigo.

El Dr. Stragá afirmó en su conferencia que “Tengo la más plena certeza que lo que mayormente fomenta la impunidad es la falta de transparencia en los mecanismos judiciales de nuestros países.

No se refería a casos donde el derecho de defensa en juicio se circunscribe a una mera formalidad, sino a aquellos casos donde el poder judicial, especialmente por favoritismo político o de clase social dominante, se convierte en partícipe en calidad de encubridor de la violación a los derechos humanos. Y ello se puede dar por una cultura del oscurantismo que ha imperado desde siempre en el poder judicial. Poderes judiciales

sin control ciudadano, donde los jueces esconden sus procederes y los trámites judiciales se convierten en intringulis insondables para todos los mortales.

Ese tipo de poderes judiciales son absolutamente corruptos.

El abogado de los padres de Marcela sostuvo que hay casos en los que la corrupción judicial impide acceso a la justicia a las víctimas o a los familiares como una forma elocuente de no investigar el hecho injusto. Pero hay otros donde no es transparente la denegación de justicia sino porque el accionar judicial del país armó una apariencia de debido proceso para hacer que investigaba una violación a los derechos humanos y que pretendìa castigar a sus responsables.

Casos donde se garantiza la posibilidad que la vìctima pueda presentarse judicialmente, ejercer las facultades que los còdigos de procedimiento les otorgan, facilitarle todas las instancias pero que, indisimuladamente, se le otorga prerrogativas injustificables a los acusados, se les permite abusar del derecho de defensa en juicio, se les otorga carta de inmunidad a la hora de citarlos en calidad de procesados o beneficiarlos con resoluciones que garantizan su impunidad o bien los sentencian a penas infimas frente a la barbarie cometida.

En estos últimos casos se encuentra el caso de Marcela Iglesias.

Así nuestro letrado expuso en la conferencia: “He tenido la posibilidad de intervenir en la primer condena a la República Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ciertamente, fue con motivo de un caso de violencia institucional en el que, a la altura que decidimos la denuncia ante la CIDH , nuestra causa había pasado por manos de una treintena de jueces de primera instancia, más de una docena de camaristas y en dos oportunidades ya había intervenido la Corte Suprema.

En ese caso Bulacio Walter c/ REp. Argentina haciendose uso de infinidad de reposiciones, nulidades, apelaciones, recursos de toda índole, lo que se perseguía era la prescripción de la acción penal como liberatorio de responsabilidad penal del imputado.

En una causa que está tramitando actualmente en la CIDH (Marcela Iglesias c/ Rep. Argentina) la morosidad judicial –sin la menor duda como forma de corruptela- nuevamente permitió que el homicidio culposo de una niña de 5 años que murió aplastada por el derrumbe de una estatua mal emplazada por su propietario, sus guardadores y funcionarios públicos prescribiera.

En este caso gracias a las dilaciones y planteos inconducentes de las defensas de los imputados permitidos por el poder judicial implicaron que una causa que estaba lista para que se desarrollara el correspondiente juicio oral en el año 1999 no se llegara a realizar hasta entrado el 2005, año en que se hizo lugar a la prescripción de la acción.

Con el atribulado respeto a los derechos de defensa también se puede violentar los derechos de las víctimas.

Simplemente mis estimados oyentes piensen por un instante que se prescribiera la causa que tiene por objeto la muerte de los 35 chiquitos de la guardería de Sinoloa.

Fijénse los ojitos de esta nena, como si se reflejaran los ojitos de los niños que murieron incinerados en Culiacan. Piénsese que dentro de 5 años, el 6 de junio del 2014 no hayan llegado a juicio los responsables de semejante masacre y en el derecho interno prescribiera la causa. ¿cuál sería el único camino por recurrir? La C.I .D.H.

La CIDH obliga a los Estados a investigarse “con seriedad y no como simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” (Baena Ricardo c/ PAnama) sostuvo que la “autoridad de gestión debe evitar articulaciones dilatorias interpuestas por los imputados que, precisamente, están destinadas a obstaculizar el alcance de las actuaciones hasta su culminación natural”

“Es obligación de los Estados investigar, esclarecer y castigar los delitos, eventualmente por esa vía satisfacer intereses de las víctimas y familiares. También que es un deber de los Estados partes bajo la forma de obligación de garantía proceder a ese cometido. Toda persona que se considere víctima o bien sus familiares tienen derecho –de acuerdo a la Convención Americana- de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad” (“Velazquez Rodriguez, Serie C )

Y terminó el Dr. Daniel A. Stragá sosteniendo que “a la oscuridad preconizada por la impunidad interna se debe anteponer la transparencia de un órgano superior a los tribunales nacionales. Los ciudadanos americanos tenemos la posibilidad de buscar el acceso a la justicia –muchas veces denegados en nuestros países- en la justicia internacional que repare la impunidad.”

Lo que hicieron los papás de Marcela.